Ecologistas piden desmantelar una antena puesta por el Ayuntamiento de Colunga contra el criterio de los técnicos municipales
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies solicitada el desmantelamiento sin demora de la instalación radioeléctrica de telefonía Móvil ubicada adosada al centro Social las Escuelines en la localidad de la Isla en el concejo de Colunga.
13-Marzo-2015 Fuente: Foto y nota de prensa de la Coordindaora Ecoloxista d'Asturies.

Desde la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies hemos comprobado que se ha puesto dicha instalación por parte del Ayuntamiento adosada en un local privado cedido, lo que ya resulta cuanto menos extraño, con una licencia del pasado 30 de enero, pero careciendo de los informes técnicos y urbanísticos que avalen dicha instalación.

Que de las consultas efectuadas ante el ayuntamiento, se puede presumir que las mismas instalaciones carecen de autorización ambiental alguna, tienen informes técnicos contrarios a su instalación, desconociendo las razones de su instalación contra la opinión de los técnicos municipales.

Que tampoco se ha procedido comunicar dicha instalación a los colindantes para el trámite de información pública de acuerdo al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp), lo que les genera indefensión y vulnera el procedimiento administrativo.

Se ha puesto la instalación dentro de la zona de Servidumbre de protección marítimo terrestre, por lo que precisa autorización exigida por el artículo 333 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias en adelante ROTU decreto 278/2007., autorización que no se solicito.

La finca donde está instalada esta dentro de la unidad de actuación UELS01 y esta antena supone una actuación en una zona sin desarrollar, por lo que no cabe una actividad en esa zona porque condiciona la ordenación. Al tratarse de Suelo Urbano No Consolidado, no puede otorgarse licencias en tanto los terrenos adquieran la condición de solar, según el art. 315.2 del ROTU.

En la actualidad el servicio de telefonía móvil se cubre en esta localidad mediante la emisión de las frecuencias de diversas antenas y diversos operadores localizadas a mayor distancia que la que ahora se propone. Es preciso que la distancia de la antena a la población sea lo suficientemente amplia como para considerar que los riesgos sobre la salud de sus emisiones pueden ser mínimos, al menos de momento y con los estudios de que se dispone sobre este tema. La instalación es colindante con la única zona infantil de la Isla.

Según recoge la Constitución Española, los poderes públicos tienen la obligación de VELAR POR EL INTERÉS PÚBLICO con plena sumisión al Ordenamiento Jurídico (art. 9.1, 9.3 y 103.1 de la Constitución) y, deben dar cumplimiento del derecho constitucional de PROTECCIÓN DE LA SALUD (art. 43 de la Constitución), y para ello disponen de sus potestades legislativas en función de las competencias que ejerzan.

Hay que recordar el Principio de Precaución establecido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, donde se establece que “la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran”. En un tema de salud pública tan controvertido como es la instalación de una instalación radioeléctrica de telefonía móvil debe prevalecer este principio más en una zona sensible como es un parque infantil.

Es por lo que hemos solicitado al Ayuntamiento que sin demora proceda a solicitar el desmantelamiento de la antena.

Además que se investigue si fue el Alcalde o la Comisión de Gobierno fueron los autores de esa licencia irregular y se subsane esta responsabilidad que puede producir graves reclamaciones patrimoniales contra el concejo.

Que en caso de reclamar la operadora la indemnización por daños y perjuicios por haberles dado la licencia, que la abone el Alcalde como responsable subsidiario por vulnerar la tramitación administrativa de forma intencionada contra la opinión de los técnicos.
Hay que recordar que esta instalación ya fue muy polémica desde su propuesta, encontrando la oposición de los vecinos y de los propietarios de la finca, pero sorprende que el Ayuntamiento haya llegado tan lejos para poder instalarla contra toda las normas existentes.

Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

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