Escaladores de Greenpeace han estado desplegando una pancarta de casi 200 m2 en un hotel frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la Ley de Seguridad Ciudadana. La acción se ha producido justo en el momento en el que comenzaba el pleno para la discusión y votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos parlamentarios a excepción del Grupo Popular: PSOE, La Izquierda Plural (IU-ICV), UPyD, CiU, PNV, y las tres formaciones del Grupo Mixto (Amaiur, el Bloque Nacionalista Galego y Geroa Bai).

Efectivos de la Policía Nacional han cortado la pancarta, con el lema "No a la Ley Mordaza", para que no pudiera desplegarse en su totalidad. Los escaladores aún permanecen en este momento colgados de la fachada del edificio. Esta acción de denuncia se ha producido momentos después de que los colectivos integrantes de la plataforma No Somos Delito leyera un manifiesto a las puertas del Congreso contra la reforma de la Ley.

"Además del rechazo de las organizaciones de la sociedad civil y de los sindicatos, incluidos los sindicatos policiales, existe unanimidad entre los colectivos y asociaciones de abogados, jueces y fiscales sobre la falta de recorrido de esta Ley. Todas las instituciones consultadas (desde el Consejo General del Poder Judicial hasta el Consejo de Estado) han tenido que corregir continuamente al Ministerio de Interior debido a sus excesos y el intento de restringir los derechos de libre expresión, reunión y manifestación", ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de la campaña de Greenpeace. "El rechazo de toda la oposición parlamentaria es también síntoma de que esta ley es fruto del empecinamiento del actual Ministro de Interior".

Greenpeace España ha elaborado un documento valorativo del actual proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, en el que concluye que:

Este proyecto nace de la prioridad política de evitar el descontento social y las protestas en contra de las políticas gubernamentales que están afectando de manera negativa a la mayoría de la ciudadanía.

El texto se enmarca dentro de una concepción maximalista del riesgo y de la existencia de un peligro que no es real. Legislando en consecuencia con este marco conceptual, se convierte al disidente en una amenaza potencial de la seguridad ciudadana y, por lo tanto, en objeto de sanción.

Persigue especialmente al sector más crítico de la sociedad, al incrementar el castigo a la reincidencia, y sancionando de manera desproporcionada actos de protesta que están siendo utilizados por la sociedad civil.

El procedimiento sancionador permite determinadas licencias a las fuerzas de seguridad que son ajenas a cualquier procedimiento mínimamente garantista, como se espera en un Estado social y democrático de derecho.

Sanciona desde la generalidad, sin concreción en los hechos y las circunstancias que originan la sanción, creando inseguridad jurídica. La discrecionalidad atenta contra el referido derecho de seguridad jurídica, aumentando la potestad gubernamental en materia sancionadora.

Vulnera el derecho a la libertad de opinión y expresión. Claros ejemplos de ello son las restricciones a fotografiar y difundir imágenes de policías bajo el condicionamiento subjetivo de que "pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes".

"La Justicia en España está en una encrucijada. Sobre la Ley de Tasas, aprobada en 2012 y enmendada en 2013, ya pende una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional; y los proyectos en tramitación del Código Penal y de Seguridad Ciudadana están siendo fuertemente contestados en la calle y en el parlamento", ha añadido Soto. "El Gobierno haría bien en plantearse si quiere seguir enrocado con su rodillo parlamentario".

La preocupación por estas reformas legislativas ha traspasado nuestras fronteras. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiai, ha mostrado en numerosas ocasiones su preocupación respecto a la aprobación de esta ley. A Kiai le preocupa particularmente "que se haga prevalecer un concepto extensivo de seguridad de instituciones y autoridades sobre la protección del ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a la libertad de reunión pacífica".

Un momento de la acción. -Imagen gabinete de prensa de Greenpeace-

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