Ecologistas piden a la Fiscalía que investigue toda la trama del fraude del lobo también la política
Para las organizaciones ambientales asturianas no es entendible como se pudo cobrar dos veces si no había colaboración del Principado de Asturias y acusan al Gobierno del Principado de que "ha estado encubriendo y permitiendo una práctica irregular".
9-Diciembre-2014 Fuente: Nota de prensa de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

by EnVerde

Los grupos ambientales esperamos que la Fiscalía investigue toda la trama del lobo, porque además de los ganaderos hay otros culpables necesarios que no se puede ir sin responsabilidad ante estos graves hechos con dinero público.

No es entendible como se pudo cobrar dos veces sino había colaboración del Principado de Asturias con el fraude del lobo, porque desde el Gobierno asturiano ha estado encubriendo y permitiendo una práctica irregular al pagar los daños a los ganaderos afectados por ataques de lobos sin comprobar los que ya los iban a cobrar los mismos por su seguro subvencionado con dinero público, generando un Enriquecimiento Injusto, algo que sabían desde hace años, porque desde la Coordinadora Ecoloxista se les había denunciado al Principado esta práctica, que hizo oídos sordos a nuestras denuncias. Agroseguro es una empresa privada pero subvencionada en un 75% por el estado y las comunidades autónomas.

Sabemos que se han dado casos de solicitudes de indemnización cursadas ante la Consejería de Agroganadería a las que el ganadero adjuntaba el documento que acreditaba el cobro previo y la cuantía ya abonada por Agroseguro. A ello se ha de añadir que, desde que se cursaron diferentes denuncias ante otras tantas instancias, el fraude constatado fue objeto de debate en el seno de la propia Consejería, que decidió "hacer la vista gorda" por temor a enfrentarse al sector ganadero, y ello pese a que la propia Agroseguro había trasladado a la Administración el hecho de los dobles cobros y solicitado su colaboración para impedir el fraude.

Las investigaciones policiales han desvelado, además, que la verificación de los daños al ganado atribuidos a ataques de lobo se realiza con la sola inspección visual de los restos de las reses por miembros de la guardería, cuando muchos de ellos son a su vez ganaderos o familiares de quienes regentan explotaciones agrarias, sin que los mismos se abstengan, como es su deber, de realizar dicha verificación, al tener intereses propios en su actuación como funcionarios públicos. Dato que nos sorprende que esperemos se investigue, porque el Principado sabiéndolo no lo hizo.

También es sorprendente la práctica de adquirir potros en Galicia y Portugal a 50 euros, llevarlos para que se los comiera el lobo en el Occidente asturiano donde cobraban 150 euros por ellos, hay ganaderos beneficiados que nunca han vendido un caballo, todos se los comió el lobo y son centenares, lo que resulta cuando menos extraño llamarlo a eso cría ganadera, es llamativo que el volumen de caballos afectados por daños sea el 50% de los ataques en los últimos años, cuando el numero de caballos en los montes es menos del 20% del ganado. Dato que nos sorprende que esperemos se investigue, porque el Principado sabiéndolo no lo hizo.

También sorprende la escasez de ganado que se muera en los montes, a pesar de los miles que están pastando, a pesar de estar en zonas difíciles de transitar, son fáciles de accidentar, el ganado en Asturias no se muere en el monte, solo se lo comen los lobos. Dato que nos sorprende que esperemos se investigue, porque el Principado sabiéndolo no lo hizo.

Por todo ello esperamos que no cese la actividad investigadora de la Fiscalía hacia el esclarecimiento de la concurrencia de los delitos de prevaricación administrativa que se ha dado por parte de la administración, pues las pruebas que se presentan en las diligencias policiales conduce a la convicción de la culpabilidad de los cargos políticos y funcionarios públicos intervinientes en numerosos casos.

Esta prácticas delictivas que se han demostrado, atribuían al lobo de un número ingente de daños de los que no es causante, por lo que las resoluciones administrativas que autorizaron la muerte de lobos basadas en el número de daños, a sabiendas de la falsedad de tal variable, podrían integrar el tipo penal de prevaricación administrativa por parte de los responsables del Principado en los últimos años, con cientos de lobos matados a tiros.

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