El término Urbanismo podemos decir que consiste en el desarrollo unificado de las ciudades y de sus alrededores. Durante la mayor parte de su historia el urbanismo se centró, sobre todo, en la regulación del uso de la tierra y en la disposición física de las estructuras urbanas en función de los criterios estipulados por la arquitectura, la ingeniería y el desarrollo territorial. En la segunda mitad del siglo pasado el concepto se amplió, incluyendo términos generalistas, tanto del entorno físico, económico y social de una comunidad. Entre los elementos característicos del urbanismo moderno se encuentran los planes generales que resumen los objetivos a tener en cuenta y las limitaciones del desarrollo urbano; controlar la subdivisión y de división en zonas que especifican los requisitos, densidades y utilizaciones del suelo permitidos en lo que a calles, servicios públicos y otras mejoras se refiere; planes para la circulación y el transporte público; estrategias para la revitalización económica de áreas urbanas y rurales necesitadas; estrategias para ayudar a grupos sociales menos privilegiados; y por último, y uno de los puntos más conflictivos, las directrices para la protección medioambiental y la conservación de recursos escasos. Buscando que el impacto sea el menor posible sobre el entorno.

El término sostenible se viene empleando en cualquier expresión relativa a cuestiones políticas. Es, desde luego, un término políticamente correcto. Prescindiendo, claro está, del empleo del mismo con intereses partidistas.

La sostenibilidad es un concepto que requiere de un análisis detallado de todo lo que representa, sus valores no tienen porqué ir en contra del desarrollo económico, sino todo lo contrario. La cohesión social de este término emanada, implica el establecimiento de unas relaciones estables y comprometidas entre los tres pilares básicos del verdadero significado de la sostenibilidad, prosperidad económica, equidad social y la protección ambiental.

Los territorios, con sus características específicas y sus potencialidades, constituyen un factor económico de gran transcendencia en los distintos tipos de desarrollo de una zona geográfica. Siendo el motor real de su economía, la cual se encuentra en una constante evolución y transformación a lo largo del tiempo. Pongamos por ejemplo nuestro propio Concejo, en un principio se dependía plenamente de la agricultura, ganadería y pesca, y en el caso de Candás de la industria de transformación de esta última, la industria conservera y de salazones. Con posterioridad; venida a menos esta actividad, nos encontramos con la aparición de la industria pesada, Ensidesa, la cual represento un cambio radical en la estructura social e incluso urbanística sobre manera en la zona de Candás. Con nuevas construcciones, debidas al crecimiento de población en la zona de influencia de la misma, y el aumento del poder adquisitivo en general de la población residente.

Hoy en día, dada la situación geográfica del Concejo, puede resultar un buen reclamo para el asentamiento de personas, el sector de la construcción, y más concretamente el de la vivienda, por su proximidad a grandes núcleos de población e industriales, por lo que sería posible el asentamiento de nueva población, evitando las construcciones de segunda residencia. Todo ello, implicaría la potenciación y mejora de servicios de todo tipo que hagan atrayente este Concejo, frente a los nuevos polígonos residenciales de Gijón, como son Roces, Jove entre otros.

Aparentemente los primeros pasos ya se han dado. ¿Pero de verdad se ha pensado en la mejora de estos servicios? ¿Se han calculado los costes de estas inversiones necesarias?, o sencillamente lo único que se pretende es una nueva fuente de financiación municipal a través de impuestos y plusvalías futuras. ¡Todo es posible!,Un ejemplo ya existe, y fue Perlora.

Tengamos presente, que nos estamos refiriendo a inversiones multimillonarias, desde nuevos centros educativos, para los que debemos llegar a acuerdos con el Principado, nueva red de saneamiento y suministro de agua potable, además de todos los accesos a las vías de comunicación para hacer viable la nueva zona a urbanizar. Estamos hablando de un nuevo Candás, he incluso de otro rival en nuestras intenciones, como es la localidad vecina de Luanco, pues se utilizarían las mismas vías de comunicación, la carretera, pues el ferrocarril estaría muy distante para este nuevo Candás.

Analizando la situación del sector inmobiliario, totalmente sin actividad en estos momentos según las estadísticas oficiales, y las nuevas zonas residenciales de Gijón estratégicamente situadas, próximas a los nuevos polígonos industriales y con viales directos a los mismos. Considero que el fin es más recaudatorio que de otro índole, a no ser que se quiera ver la situación actual, o pensemos en un futuro similar al pasado en el sector inmobiliario, lo cual es muy difícil que vuelva a ocurrir. Además, hemos de ser realistas, por mucho que queramos, nunca podremos igualar los servicios que el Concejo vecino tiene, a lo sumo, que las personas que fijen su residencia aquí, sigan empadronados en dicho lugar para no perder sus beneficios como residentes. Donde sí puede existir un futuro residencial es en la zona rural, pero ese es un tema mucho más complejo, estamos hablando de pequeños núcleos diseminados, y que además cada uno de ellos se deberá de analizar de forma muy precisa e individualizada.

Por desgracia, este tema, es un banco de pruebas para observar el enfrentamiento entre las distintas opciones políticas que aprovechan efectuar sus críticas, en la mayoría de los casos a despecho de la racionalidad de los intereses ciudadanos. La cuestión es verdaderamente importante, porqué por un lado se trata de desarrollar las potencialidades económicas propias, y de otro, precisar de los poderes necesarios para llegar a unas conclusiones positivas para todos, evitando las alusiones a falsos acuerdos comunes que en transcurso del tiempo a nada positivo nos conducirán.

En todo caso, lo que sí es evidente, que el acceso a la vivienda resulta muy difícil. Es fácil de comprobar, que a pesar de la crisis existente en el sector, y de todas las medidas tendentes a aumentar la oferta del suelo al objeto de propiciar, según las leyes del libre mercado, han sido fallidas. Por otro lado, la ejecución de un urbanismo basado exclusivamente en la iniciativa privada no responderá nunca a los criterios sociales por los que todos tenemos derecho a una vivienda digna.

De ahí la necesidad de que los ayuntamientos participen en el proceso urbanístico de una manera más eficaz. No exactamente interviniendo, pero sí procurando establecer las correcciones necesarias para una mejora de las condiciones sociales. Bien de una manera directa, o mediante la figura reconocida del convenio urbanístico, la cual se ha convertido en una práctica habitual, contraria a lo que un principio se estableció como un instrumento accesorio a la acción urbanística de los ayuntamiento, y que desgraciadamente ha hecho correr ríos de tinta en los últimos años en toda la prensa escrita.

Lo verdaderamente lamentable de estos convenios es que se han convertido en una fuente muy cómoda de financiación de los ayuntamientos, que con la crisis actual en el sector de la construcción, a puesto a muchos de ellos al borde de la suspensión de pagos. Por este medio, a través del urbanismo muchos, se buscaron sus fuentes de financiación, sin darse cuenta de su temporalidad. Y que los verdaderos recursos financieros son a través del cobro de los impuestos propios y de la participación de los del Estado, nunca mediante ningún tipo de convenio urbanístico. Además de ser incapaces gravar en la medida correcta las plusvalías generadas en la transmisión de terrenos como consecuencia de su clasificación. Las cuales en la mayoría de los casos, el beneficio real no fue para las arcas municipales.

La sostenibilidad, como elemento de cohesión social necesaria, en su estudio y análisis, sería interesante la no participación política en el tema, por ser una materia puramente técnica lo aconsejable es que sean técnicos los que establezcan los puntos a los que deberían de ajustarse las decisiones políticas posteriores. Evitando en todos los casos las tendencias extremas, tanto de medioambientalistas, como de desarrollistas, que suelen ser los medios escandalosos de que se sirven tanto el gobierno como la oposición en la instrucción política del plan urbanístico, todo sirve para denostar al rival.

Pese a que siempre es positivo desplazar las competencias a los ayuntamientos en el tema urbanístico. Existe un gran riesgo que en la tramitación de proyectos verdaderamente coherentes y sostenibles para la comunidad. El ardor político entre gobierno y oposición, las disputas locales de unos y otros, puedan dar al traste con actuaciones verdaderamente interesantes. De hecho, en muchos casos, es necesaria la intervención de la administración autonómica para calmar los ánimos, y hacer entrar en razón a todas las partes, pues el urbanismo es un tema de gran importancia en el desarrollo de un municipio, tanto a medio como largo plazo.

Carlos A. González Suárez.

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