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El escritor Marcelino Laruelo vuelve a presentar una nueva denuncia al juzgado por el impacto ambiental de los dragados que hace la Autoridad Portuaria de Gijón en la Bahía de Gijón, frente a la playa de San Lorenzo.

El Puerto denegó hace unos días el acceso al expediente de impacto ambiental de los dragados, lo cual es doblemente grave. Primero porque impide el acceso a la información necesaria para la documentación de la denuncia. Segundo porque supone un atentado a la Ley del 2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

La Ley asume los principios del Convenio de Aarhus que vela por el “derecho de acceso a la justicia y tiene por objeto garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el propio Convenio”
Además la Ley en su punto 3º reconoce el derecho de los ciudadanos a “acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede”.

Los dragados, también denunciados por las organizaciones ecologistas, suponen la extracción de unos 20 millones de metros cúbicos de arena y áridos, destinados a servir de relleno en la ampliación del Puerto de Gijón. Lo que implica crear la mayor cantera submarina de España y sacar un volumen de materiales que permitiría llenar 600 estadios de futbol (datos de referencia). Todo ello frente a las playas de Gijón y de Xivares

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