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Los concejales de IU de Oviedo, que abajo firmamos y cuyo trabajo ha sido refrendado por una asamblea de militantes por unanimidad con su nombramiento de nuevo al frente de la candidatura a las elecciones municipales del próximo 27 de mayo, nos preguntábamos cuando se conoció la posible sentencia qué delito habíamos cometido.
La dirección de Izquierda Unida de Asturias puede cometer hoy (referido a 24 de marzo), en su reunión de Gijón, un lamentable y gravísimo error. Los concejales de IU de Oviedo, que abajo firmamos y cuyo trabajo ha sido refrendado por una asamblea de militantes por unanimidad con su nombramiento de nuevo al frente de la candidatura a las elecciones municipales del próximo 27 de mayo, nos preguntábamos cuando se conoció la posible sentencia qué delito habíamos cometido. Dos días después de anunciada la sentencia conocimos los argumentos, que creemos han de ser conocidos también por la ciudadanía, ya que todas las acusaciones son políticas, todas tienen que ver con la cosa pública.
Se acusa y condena a estos concejales, y, por ende, a toda la organización, por su coherencia en la oposición, junto con los vecinos de la zona, a la instalación de una subestación eléctrica en la falda del monte Naranco, que ya venía rebotada del municipio de Las Regueras y acabó finalmente consiguiendo alojamiento en la parroquia de Santa María, en el vecino concejo de Grado. O sea, se nos acusa y condena por ecologistas consecuentes. Por cierto, Los Verdes, flamantes nuevos socios de coalición, no han ocultado su oposición pública a esa misma subestación eléctrica.
Se nos acusa y se nos condena, también, por pronunciarnos en contra de la financiación pública, con dinero de todos los asturianos, de una sede para una fundación privada que tiene entre sus fines, legítimos, la legitimación de la Monarquía. Dónde se construya ese equipamiento (Oviedo, Avilés o Quintanilla de onésimo) es lo de menos en este debate. Se nos acusa, y se nos condena, pues, por defender coherentemente el también legítimo ideal republicano.
No falta en el rosario de acusaciones la del apoyo de los dos concejales condenados a los dos sindicalistas de Naval Gijón Cándido y Morala, juzgados y condenados a desproporcionadas e injustas penas de cárcel por la defensa de los puestos de trabajo, y de los que, además, tenemos constancia personal de la persecución policial a la que están sometidos. Se nos condena también por la solidaridad con los trabajadores, por la solidaridad de clase, por rojos.
Son ya muchas tarjetas amarillas, ¿no? Cabrían más, no han hecho con rigor su trabajo los acusadores/sentenciadores: la crítica a los 57 millones de euros que financian la operación especulativa de los palacios en Oviedo, el intento de cierre de Teleasturias por el Gobierno regional y sus necesarias consecuencias políticas, nuestro apoyo activo frente a la tibia postura de IU de Asturias en apoyo de las y los trabajadoras y trabajadores contra las deslocalizaciones y cierres en Menasa, Autotex, la Fábrica de Loza de San Claudio o el conflicto de Cajastur también marcan diferencias de opinión susceptibles de ser criminalizadas y sancionadas, si se aplica la misma vara de medir.
Con todo lo anterior, hay una última acusación, que supone una tarjeta roja directa, la que se nos saca, además, por ser militantes comunistas, del PCA, y decidir acudir hoy a su VIII Congreso en Oviedo.
Resumiendo, se nos acusa y se nos condena por ecologistas, por republicanos, por rojos y por comunistas. Se nos acusa y se nos condena por estar inmersos en los valores y principios fundacionales que están inscritos en el código genético de Izquierda Unida.
La dirección de Izquierda Unida de Asturias debería decidir, antes de dar este paso, que desnaturaliza su propio ADN y constituye una verdadera huida de IU, hacia dónde se dirige.
Roberto Sánchez Ramos y Celso Miranda Díaz, concejales de IU en el Ayuntamiento de Oviedo y candidatos de IU de Oviedo a las elecciones municipales de mayo.
Web de Izquierda Unida de Oviedo
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