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Vidal, que ha colaborado con la Justicia americana proporcionando información para procesar a otros piratas pesqueros, ha sido condenado a cuatro años de libertad provisional y a una multa de 400.000 dólares.
Vidal deberá abandonar definitivamente la pesca de merluza negra si quiere evitar ser extraditado a los Estados Unidos e ingresar en prisión. La empresa uruguaya Fidalur, controlada por Antonio Vidal, debe cesar sus actividades y disolverse antes de 45 días. También debe pagar una multa de 100.000 dólares
La organización internacional de conservación marina Oceana ha dado a conocer que el armador gallego Antonio Vidal Pego fue condenado ayer a las 7 de la tarde, hora española, a cuatro años de libertad provisional y a una multa de 400.000 dólares (312.000euros) por un tribunal de Miami. Se trata de la sentencia por el caso de importación y conspiración para la venta ilegal de 26 toneladas de merluza negra en los Estados Unidos a través del puerto de Miami, en 2004. Antonio Vidal se encontraba en búsqueda y captura por INTERPOL hasta que se entregó el pasado 19 de abril a la justicia norteamericana.
Según Oceana, Vidal es el primer individuo que ha sido condenado en los Estados Unidos por esos cargos. La merluza negra (Dissostichus eleginoides), también conocida como bacalao polar, es una especie amenazada que requiere permisos especiales de organismos internacionales para su captura, importación y venta. FIDALUR, una empresa uruguaya controlada por Vidal, falsificó los documentos para intentar burlar a las aduanas y a los servicios de protección pesquera de los Estados Unidos, pero la operación fue descubierta por los servicios aduaneros.
Antonio Vidal Pego se ha declarado culpable de obstrucción a la justicia. Los cargos de los que se le acusaba incluían no solo la importación ilegal de una especie protegida, sino conspiración para la venta de la misma y falsificación de documentos.
Estas acusaciones podían haber llevado a prisión a Antonio Vidal durante veinte años. Pero según informaciones facilitadas a Oceana por la oficina del Fiscal del Distrito de Miami, el armador gallego ha llegado a un pacto con el Gobierno de los Estados Unidos para evitar la cárcel a cambio de proporcionar información sobre las actividades criminales de otras personas implicadas en pesca pirata, que permitirán al gobierno federal el procesamiento de otros armadores que se dedican a actividades similares a las realizadas por Vidal.
La sentencia indica que la libertad condicional de Antonio Vidal le obliga a que cese inmediatamente cualquier relación, directa o indirecta, con la pesca y comercialización de merluza negra. Para que pueda comprobarse que cumple la sentencia, el armador deberá poner a disposición de la Oficina de Control de Libertad Provisional y del Gobierno de los Estados Unidos la contabilidad y otros libros de registro de las actividades de todas sus empresas. Además, tiene la obligación de presentarse ante la Justicia de los Estados Unidos siempre que se le requiera. Antonio Vidal ha tenido que facilitar al juez un documento por el que acepta su extradición a los Estados Unidos por parte del gobierno español o el de cualquier país en donde se encuentre, en caso de que incumpla alguna de las condiciones de la sentencia.
Por su parte, la empresa Fidalur, controlada por Antonio Vidal, y ubicada en Uruguay, un paraíso de la piratería pesquera, debe cesar sus actividades y disolverse antes de 45 días. También debe pagar una multa de 100.000 dólares (78.000 Euros).
La organización conservacionista internacional Oceana ha mostrado su satisfacción por la primera condena efectiva de un pirata pesquero y una de sus empresas por actividades criminales. Vidal y la tripulación de uno de sus barcos, el Viarsa, habían conseguido no ser condenados por pesca ilegal por un jurado australiano, después de que el pesquero protagonizase una huída de 4.000 millas durante casi un mes por el Océano Austral tras haber sido sorprendido por guardacostas de ese país pescando merluza negra en aguas antárticas. Esta persecución, la más larga de la historia, ha sido relatada por el periodista del Wall Street Journal G. Bruce Knecht en el libro “Capturado: piratas, furtivismo y el pez perfecto”.
Otro de los barcos de Vidal, el Galaecia, fue objeto de un expediente confidencial por parte de la Secretaría General de Pesca Marítima, del que la opinión pública tuvo conocimiento cuando Oceana denunció públicamente una operación de trasbordo de suministros desde ese barco al Hammer, otro barco de Vidal que figura en los registros de barcos pirata de CCAMLR, la organización internacional que regula la pesca en aguas antárticas.
Según Oceana, además se da la circunstancia de que al realizar ese trasbordo, el Galaecia se encontraba pescando en una acción piloto de pesca experimental subvencionada con 1.300.000 euros por la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, y llevaba a bordo un observador del IEO. Esta es la segunda mayor de las cantidades otorgadas por la Secretaría de Pesca, que en los últimos dos años ha concedido a Vidal subvenciones por valor de casi 3 millones de Euros.
En esa ocasión Antonio Vidal anuncia la interposición de una querella contra Oceana por atentar contra el derecho a su honor y su imagen. Mientras tanto, el Comisario de Pesca de la Unión Europea, Joe Borg, envió, el 25 de diciembre de 2005, una carta al Gobierno Español requiriendo que la Secretaría General de Pesca Marítima retirase la licencia de pesca al Galaecia.
El biólogo pesquero Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana en Europa, ha manifestado. “Suponemos que ahora que Antonio Vidal ya es legalmente un criminal convicto y confeso, el Gobierno español dejará de subvencionar a sus empresas con los impuestos de los ciudadanos, y los altos cargos de la Secretaría General de Pesca Marítima serán más cuidadosos en las relaciones que mantienen y en la protección de armadores piratas como Antonio Vidal. El dinero de los contribuyentes españoles es utilizado por personajes como este para esquilmar los océanos y violar la legalidad internacional.”
Oceana reclama a la Secretaría General de Pesca Marítima que haga públicos todos los documentos del expediente abierto al Galaecia, que dé publicidad a las razones por las cuales ese proceso fue cerrado sin que haya sido posible conocer sus conclusiones, y que se manifieste en relación a la condena de Antonio Vidal.
Ricardo Aguilar, Director de Investigación de Oceana, ha hecho también un llamamiento a los armadores: “Nos gustaría oír hoy la voz de los armadores honrados y de sus asociaciones. Querríamos oírles decir, alto y claro, que repudian las actividades de Vidal y de cualquier otro miembro del sector pesquero que incumpla la legislación pesquera y ejerza la piratería con cualquier barco, en cualquier océano y con cualquier bandera.
OCEANA
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